ESPAÑA Y EL PATRÓN ORO

 ESPAÑA Y EL PATRÓN ORO

Durante finales del siglo XIX y comienzos del XX, España estuvo tentada a ingresar en el patrón oro, pero, aunque realmente existía el compromiso creíble de su adopción, solo se tomó la decisión de seguirlo de cerca. Manteniendo siempre abierta esta posibilidad, España terminó siguiendo una política de bajo riesgo y baja rentabilidad, una estrategia que le permitió aislarse de las perturbaciones internacionales, consiguiendo al mismo tiempo parte de las ventajas del sistema, pero sin someterse por entero a él. La política de bajo riesgo y baja rentabilidad resultó muy beneficiosa para el país, ya que, a través de ella, España fue capaz de disfrutar de una serie de ventajas proporcionadas solo a los miembros del patrón oro, aunque obviamente decisiones de esta índole no iban a venir sin coste alguno para la economía española.

A finales del siglo XIX España inició una serie de reformas a través de las cuales el gobierno pretendía aumentar su solvencia gracias a la introducción de un compromiso creíble en el pago de sus obligaciones financieras. En realidad, se intentaba reducir la carga del servicio de la deuda sobre el presupuesto. La idea era, básicamente, la misma en todas ellas: emitir nueva deuda para convertir la ya existente. En el momento de la emisión, los tenedores podían convertir la antigua por la nueva a un tipo de interés más favorable, y con la garantía de que la nueva deuda era más segura que la anterior, debido a la combinación de nuevos impuestos y menos gastos. El gobierno reducía de esta manera la deuda pública, al poder satisfacer a los tenedores de la misma con los nuevos términos de la conversión. 

En 1881, el ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho, introdujo una reforma cuyos objetivos fundamentales consistieron en simplificar los tipos de títulos públicos y disminuir el endeudamiento del Estado y las cargas financieras del presupuesto. Se trató de una conversión voluntaria, en la cual los tenedores extranjeros fueron sustituidos por españoles. 

La explicación radica en que el pago de los intereses de la deuda se realizaba en Londres en libras esterlinas, y en París en francos franceses, divisas más garantizadas que la peseta, debido a la constante devaluación de la divisa española. Sin embargo, esta medida, que facilitaba el pago de la deuda, tuvo como contrapartida la salida de oro del país, poniendo el sistema financiero español de nuevo en peligro en torno a 1890. A partir de entonces, dados los resultados desfavorables de la balanza comercial, no existió posibilidad alguna de conseguir una entrada de oro que compensara la salida correspondiente al pago de la deuda exterior. Por ello, y para reducir el déficit y, por consiguiente, la deuda pública, se promulgó el arancel proteccionista de 1891.

 Este movimiento proteccionista fue fomentado por la industria textil catalana, que buscaba el apoyo de la industria pesada del País Vasco y del sector agrícola de Castilla. Dichos grupos de interés representaban la fuerza política conservadora, frente a los liberales encabezados por la clase social intelectual, la aristocracia y los productores vinícolas. Este arancel de 1891 fue la clave para las relaciones comerciales internacionales de España en los años siguientes. 

Por otra parte, España pudo haberse beneficiado más por medio de la reducción de aranceles y la promoción del libre comercio. Sin embargo, varios factores sugieren que la apertura a los mercados internacionales no habría resultado tan beneficiosa como la política proteccionista, ya que España no estaba en posición de competir en los mercados internacionales. Además, los beneficios ingresados por los aranceles constituían una fuente importante de ingresos públicos, y, por tanto, reducirlos o eliminarlos no era tarea fácil, especialmente cuando el gobierno no tenía el poder necesario para cargar impuestos a los ingresos procedentes del libre comercio. 

La Guerra de Cuba y Filipinas de 1898, y su financiación, dieron paso a la última reforma del siglo XIX, introducida por el ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde. La nueva política de estabilización fue capaz de mantener los gastos públicos por debajo de los ingresos, reduciendo con ello la deuda pública. Dicha política se caracterizó, por un lado, por la suspensión de pagos en moneda extranjera a los tenedores españoles de deuda y, por otro, por la disminución de la tasa de interés y del principal de la deuda pública interior. 

El clima de desasosiego del siglo XIX en España alcanzó un cierto grado de estabilidad durante el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente gracias a las reformas de 1881 y 1900. La desorganización del sistema financiero de años anteriores, con sus déficits continuados, el deficiente sistema impositivo y los crecientes gastos desaparecieron cuando se estabilizó la situación política del país, aunque la política del déficit volvió en 1909. Las reformas trajeron consigo una mejora de la reputación española a la hora de hacer frente a los pagos de la deuda pública, y sus resultados indican que ambas reformas tuvieron indudable éxito, aunque con efectos no excesivamente duraderos. 

En conclusiones generales sacamos que el crecimiento económico español fue constante durante los años de 1880-1913, incluso con las perturbaciones internacionales que las crisis financieras produjeron durante ese período. Las reformas introdujeron gran estabilidad en el sistema, revelando así su éxito, especialmente la reforma Camacho de 1881. Los análisis de las series temporales de impuestos y de tipos de interés han permitido estimar la dimensión de las perturbaciones, indicándonos que con la reforma Villaverde se introdujo un cambio estructural en los tipos de interés, mientras que, tras la reforma Camacho, la volatilidad de los ingresos impositivos, como porcentaje del PIB, cayó bruscamente. Esta evidencia sugiere que ambas reformas fueron muy estables, especialmente la de Camacho, y que el Gobierno actuó racionalmente después de aplicarlas. Se trataba de mantener una política de bajo riesgo y baja rentabilidad, de seguir de cerca el patrón oro, pero sin adherirse por completo al régimen internacional.

 Al mismo tiempo, el sistema de tipo de cambio flexible, junto con los precios, amortiguaron el efecto de las perturbaciones económicas externas, las cuales solo tuvieron efectos temporales.  Los diferentes grados de adhesión al patrón oro explican los efectos de las perturbaciones en cada país y, de esta forma, España, al no pertenecer al régimen monetario internacional y gozar de un tipo de cambio flexible, fue capaz de empezar su integración en la economía europea con el cambio de siglo, mientras que Portugal permaneció atrasado y necesitó más tiempo para desarrollarse y crecer. Incluso la perturbación económica más importante del momento para el país, como fue la ocasionada por la Guerra de Cuba y Filipinas, fue rápidamente absorbida, sin dejar mucha huella en la economía española, que demostró ser más fuerte de lo previsto. Mientras la economía española soportaba la pérdida de los últimos restos de su imperio colonial, se movía lentamente, pero de manera segura, hacia los mercados europeos, gracias a una política de bajo riesgo y baja rentabilidad. 

No obstante, la estrategia española vino acompañada de un coste, el de un más lento crecimiento económico en comparación con otros países del sur de Europa. Al no adoptar el patrón oro, se aumentó el coste de capital y se redujo el acceso a los mercados de capitales extranjeros. Así quedó demostrado en el capítulo comparativo del crecimiento económico entre España, Italia y Portugal. Mediante un análisis de series temporales del producto, y aplicando nuevas técnicas econométricas, se mostró cómo España tuvo un crecimiento tendencial constante durante todo este período. La escasez de oscilaciones y rupturas en el componente determinista de las pruebas realizadas es indicadora de que la estrategia de seguir de cerca el régimen monetario internacional, pero sin pertenecer a él, protegió a España de las perturbaciones externas. Una estrategia que, aunque tuvo ventajas, también implicó riesgos, como el de conseguir un crecimiento económico menor que el experimentado por otros países del sur de Europa; en este caso, Italia y Portugal. 

En resumen, España siguió una política de bajo riesgo y baja rentabilidad. Bajo riesgo porque la estabilidad introducida en el sistema mediante las reformas fiscales de 1881 y 1900 permitía una tasa de crecimiento constante y protegía así al país de las perturbaciones económicas internacionales, pero baja rentabilidad porque esas mismas políticas redujeron las expectativas de crecimiento económico a largo plazo en España. Podemos decir que esta estrategia, junto con la relativa estabilidad interna de la que disfrutó el país en esos años, indican que se trató de una política deliberadamente elegida, pero también guiada por las presiones políticas de los diferentes grupos de intereses. 

BIBLIOGRAFIA: https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/historia-economica/index3.html